Cangrejos al combate

Es obvia la alianza que han forjado la oposición reaccionaria con el poder judicial para conservar sus privilegios. No hay que descuidar el hecho de que la reacción mantiene para sí los poderes fácticos, la mayoría de los estatales, municipales, y que están encaramados en la inmensidad de organismos autónomos creados para ése (hacer fortuna con sueldos y prestaciones) y otros fines. Hace unas semanas, el gobernador de Guanajuato declaró que él mismo, su gabinete ampliado, sus diputados locales, y un largo etcétera percibirán más de doscientos mil pesos mensuales porque ellos “sí desquitan” su sueldo. Y vaya que lo hacen.

El TEPJF acaba de justificar sus emolumentos y prebendas validando el escandaloso fraude electoral en Puebla de julio pasado, como hace un año lo hizo con los de México (estado) y Coahuila; como lo han hecho siempre cobijados por sus dueños, que los llevaron a esos puestos paradisíacos, regios, obscenamente opulentos. Dicen que los altos salarios los hacen inmunes a los sobornos (implicando que un sueldo no millonario es excusa para corromperse), pero, como se ha comprobado una y otra vez, el hacerlos llegar al puesto: ése es el soborno.

La manera desaseada en la que interpusieron y validaron su propia controversia contra la ley de remuneraciones, rematada con la validación de las elecciones poblanas son un mensaje claro de desprecio hacia los otros dos poderes. Y la reacción ha encontrado su estrategia de oposición: que la corte invalide todo lo que no les guste.

El alegato de la autonomía del poder judicial es lógicamente insostenible. Ser autónomo no significa ser soberano. La división de poderes no sólo es para acotar al Ejecutivo: es para que todos se acoten mutuamente; como tal, el legislativo tiene la facultad de aprobar las leyes y de decidir el presupuesto, que el judicial debe acatar y vigilar que sen acatadas. No hay más. Y lo fundamental: el único poder soberano es el del pueblo (por más que desprecien no sólo esta palabra, sino su concepto). Y el pueblo dejó muy clara su decisión hace cinco meses.

Han llegado al colmo de declarar que defienden para ellos un salario “digno”. Si $108,000 al mes es indigno, ¿cómo calificarían el ganar $2,686? Porque esa cifra no les ha parecido problemática como monto del salario mínimo, en violación flagrante a la constitución que garantiza que un salario mínimo debe cubrir las necesidades materiales y culturales de una familia.

Con cada acto para defender sus privilegios nobiliarios se hunden más en la falta de legitimidad. Pero eso no les interesa, acostumbrados como están a su cinismo criminal. ¿Cuánto tiempo les durará su estrategia, su berrinche, su desprecio?, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar con su afán de minar el proyecto del ejecutivo?, ¿cuántos intereses se colgarán de este contraataque reaccionario?: El tiempo lo dirá; el tiempo y la gente.

El hecho de que el triunfo de AMLO en las elecciones pasadas haya surgido, no de una movilización masiva, sino de una convicción silenciosa, presenta en sí mismo un problema: La gente, sin la costumbre de movilizarse, debe ahora presentar su respaldo activamente. López Obrador ha tratado de tender un puente por medio de las consultas, y va a seguir por esa ruta. Es necesario, pues, establecer a la brevedad un sustento legal y vinculante para que esto no sea un pleito entre dos poderes, sino una decisión popular.

Este asunto, aunque altamente simbólico, no es de urgencia. AMLO sabe que hay batallas que se reservarán hasta que se gane la legitimidad en los hechos, porque sería imposible ganarlas sin un sólido respaldo popular. Tal vez ésta sea una de ellas. Pero esto no significa que se sea complaciente declarativamente.

Las coberturas periodísticas se han obsesionado en los detalles, y le han dado prominente voz a los críticos que, acostumbrados a criticar, dejan de lado el análisis de fondo y agrandan cualquier elementos que los haga creerse “imparciales”.

Esto puede bien ser la semilla que haga crecer la estrategia mediática que a la derecha y al imperialismo les ha funcionado muy bien en Brasil, Argentina, en la opinión internacional sobre Venezuela y que de alguna manera u otra se ha hecho presente en toda América Latina.

Hay que organizar a la intelectualidad orgánica que le dé sustento teórico a las acciones del ejecutivo. No se puede contar solamente con el vox populi y la autoridad moral. Hay que construir una corriente de opinión informada, crítica y de izquierda. Dejarle a los opinócratas el campo abierto puede ser el inicio de una polarización peligrosa, sobre todo cuando se acerque la sucesión en 2024.