Es una falacia de mala fe el decir que la reducción del presupuesto a las universidades es una reducción del presupuesto a la educación.

La UNAM ha escapado durante mucho tiempo al escrutinio de su alta burocracia y sus prácticas presupuestales en general. Escudándose bajo el argumento de ser la institución “más confiable” del país, se ha creado un aura de sacralidad a su alrededor; y, aunque las contribuciones de sus académicos e investigadores son fundamentales para las grandes discusiones nacionales y para su misión fundamental de aumentar el conocimiento científico —y en general— para el país y para la humanidad; es posible señalar sus errores sin despreciar lo antedicho.

No se trata sólo de los gastos frívolos, como viajes en helicóptero, o el uso —a veces exclusivo— de SUVs para transportar a investigadores o administrativos, las botellas miles de pesos, o los arreglos florales (cambiados cada semana) de mil quinientos para adorno de las oficinas de los directores de facultades e institutos, o de las millonarias fiestas de fin de año, o de las innecesarias remodelaciones. Se trata de que la política de gasto en general se alínea con la corrupción reglamentada (no tienes que robar para tener privilegios, simplemente te los asignamos como prestaciones) y desprecia los rubros que más beneficien a la misión que dicen ellos defender: Las cafeterías son concesionadas como negocios, y no se da a los alumnos becas alimentarias; los profesores de asignatura son tratados como accesorios desechables y reciben una paga muy desigual en comparación con los de carrera; la producción editorial y los proyectos de investigación están altamente politizados y son así irrelevantes; el compadrazgo y la discriminación son práctica corriente y normalizada; etcéreta.

La discusión debe empezar desde el interior, y la verticalidad y los privilegios en las universidades deben tomar un lugar central cuando se hable de sus recursos monetarios, y se debe, en fin, re‐evaluar la manera en la que las universidades públicas obedecen a su encargo constitucional.