nov. 21

¿El personalismo como herencia?

El ímpetu de un cambio inmediato y estrictamente apegado a los principios del lopezobradorismo en las estructuras del régimen actual ha llevado al próximo gobierno a presentar iniciativas legales no sólo centralistas, sino decididamente presidencialistas.

La creación de la Guardia Nacional es el mejor ejemplo de esto: se aprueba la creación de códigos e instituciones que se saltan la autonomía administrativa y concentran el poder en la voluntad del ejecutivo. Un cuerpo armado con sangre castrense se encargará de la seguridad; AMLO dice que se dará énfasis en el respeto a los derechos humanos y en el combate a la corrupción. El problema es que en la estructura de la institución no tiene mecanismos de contrapesos que obliguen a que esto se dé de esta manera, o por lo menos susceptibles de fácil cambio. Lo que se nos pide es que confiemos en la buena voluntad del ejecutivo; y eso puedo hacerse. Pero con buena voluntad también se comenten errores; y además, como dice el dicho, “decreto mata decreto”.

El próximo gobierno se enfrenta con el siguiente dilema: De un lado, concentrar todo el poder posible en el ejecutivo para hacer cambios rápidos y tener un mayor control de los funcionarios designados; lo que deja la puerta abierta para que con la misma rapidez y control un futuro gobierno deshaga lo hecho. O, de otro lado, crear instituciones independientes que puedan consolidarse y asentar una institucionalidad fuerte, pero avanzar lentamente en los cambios para los que seis años serán insuficientes.

Parece que el gobierno entrante ha escogido la primera opción que, aunque pueda ser importante para conseguir el cambio y la legitimidad, nos deja en grave riesgo de transformarse en un autoritarismo (es decir, de repetir el ciclo del priismo). Sería de esperarse que en la segunda parte del sexenio, junto con las modificaciones estructurales del régimen legal, se intente un movimiento hacia la institucionalización de los cambios, a que no tengamos que depender de la proba honestidad y la preocupación por la decencia de quien quede en el ejecutivo para poder exigirlas.

Ha declarado López Obrador que hay dos situaciones por las que ha sido sorprendido ahora que tiene acceso a información privilegiada como presidente electo: los niveles de violencia y los de corrupción: son peor de lo que se esperaba, y ya se esperaba que fueran muy, muy altos. El superar así las expectativas de dos problemas que ya se sabían gravísimos, ha contribuido al sentimiento de urgencia de ciertas decisiones.

Pero, como también lo ha repetido AMLO, el pueblo es sabio. Esta información debe alcanzar al público para que el camino que se trace sea para andarse en conjunto, y no para que desde los despachos se tenga una visión privilegiada ante la que la población deba resignarse y confiar en que las decisiones que se toman son, sin más, las mejores.

Otro problema con la ruta que han seguido el gobierno entrante y su equipo es que, obviamente, López Obrador no es perfecto ni en su capacidad ni en sus intenciones.

Los grandes proyectos de infraestructura que ha anunciado con urgencia (el Tren Maya y Corredor Transístmico) responden a una lógica liberal, de progreso medido casi solamente como crecimiento del PIB, o como el aumento del bienestar material. Es una postura en consonancia con el liberalismo del siglo xix que, aunque defensores de la justicia, la legalidad, la honestidad y la soberanía, tenían una mirada eurocéntrica en la que el progreso de los pueblos indios constituía en incorporarlos a la civilización.

El Corredor Transístmico es un proyecto que viene directamente de esos tiempos, y que puede ser importante para elevar la posición geopolítica del país, mientras que el tren maya parece pensado principalmente para el turismo (o es decir, aprovechar la estructura aeroportuaria y el nombre de Cancún y la riviera maya para incentivar a los turistas a visitar otros puntos en el sur del Golfo y para aumentar el turismo doméstico).

El problema con esto es que se obliga a un enfrentamiento entre los grandes capitales y los pueblos de la zona. El turismo ha sido un eufemismo para construir paraísos para los extranjeros a costa de la cultura y la vida de los habitantes ancestrales de la región: servilismo, prostitución, turismo sexual (pederasta), drogadicción y narcotráfico, contaminación, disolución de la identidad cultural… es ésta la herencia que quedó de Cancún, y la amenaza sobre la región de estos proyectos.

La consulta debe hacerse, pero es necesario que exista una campaña de voces diversas que defienda cada postura y es necesario también que, sin importar que la consulta general apruebe los proyectos, los pueblos afectados sean escuchados y sus demandas atendidas. A diferencia del NAICM, no es urgente tomar la determinación sobre estos proyectos. La consulta debe ser aplazada y los mecanismos de difusión y de participación en la misma establecidos con claridad y con imparcialidad.

El indigenismo se apresta a ser la primera gran deuda del nuevo gobierno. Una de las mejores características del paso de AMLO por el GDF fue que se rodeó por personas inteligentes y conocedoras de sus áreas, y que las escuchó. Hoy parece que la ansiedad y doce años de rumiar ideas sobre su gobierno le han robado esta prudencia, que es indispensable que se recupere.

El liderazgo y el genuino amor al pueblo que parece profesar AMLO son indispensables, pero no suficientes para conseguir un país en el que más personas puedan alcanzar la felicidad.

López Obrador debe escuchar a las voces adecuadas, y debe de preocuparse por su legado inmediato, no sólo histórico. México y América Latina han sufrido ya demasiado por el personalismo de los proyectos políticos y socio-culturales. He aquí que se nos abre la puerta para comenzar a transformarlo, pero nos la van cerrando más rápido que lento.

Esperemos que las elecciones pasadas nos lleven a un cambio de régimen y no sólo de gobierno. Pero no hay que olvidar que la primera promesa debe cumplirse con antelación: respetar el principio democrático.

Las críticas hacia este gobierno no pueden limitarse, como con los anteriores, a ser una voz opositora y de denuncia que quede como la sola evidencia de los errores y maldades de los gobernantes. Este gobierno ha prometido y debe, por lo tanto, escuchar estas voces. Las críticas deben ser para que se entienda, que se corrija y se construya en conjunto una mejor decisión. No se trata de que los opinadores sean los que controlen las decisiones, sino de que los que las toman sepan una perspectiva que no han tenido. Es más, ellos deben buscar estas perspectivas y, como diría el neozapatismo, mandar obedeciendo.

La cantidad de voces es, ciertamente, exagerada; y, más importantemente, son contradictorias. La tarea del gobierno debe ser seleccionar las que se ajusten a la ideología por la que se votó, la que se propuso en la campaña, en el proyecto de país que empezó formalmente hace ya dieciocho años. Respetar ese proyecto y el mandato de justicia debe ser el motor intencional del siguiente sexenio.