No hay lugar a dudas: el asesinato de Samir Flores fue por su oposición a la termoeléctrica, y sus autores, personas con muchos intereses en ese proyecto.

López Obrador, efectivamente, no es represor. Su honestidad y su pacifismo han superado las pruebas más duras. No puede decirse lo mismo de sus delegados, gobernadores, o de cualesquiera otros con intereses casualmente coincidentes. Quien lo haya hecho, muy probablemente, como lo ha señalado el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, se sintió amparado por el desprecio y la abierta descalificación del presidente al movimiento de oposición.

A veces parece que López Obrador se entiende como en campaña y no como jefe de estado. Sus críticas a los “conservadores de izquierda” se sienten más como un ataque personal que como una caracterización adecuada —que a veces sí lo ha sido—. Pero la campaña ya se acabó: ya no son estos movimientos adversarios o descalificadores políticos, sino mexicanos que justamente demandan audiencia y ejercen su derecho a hacerse escuchar; mientras que López Obrador es una autoridad, la autoridad, y su opinión tiene muchas más repercusiones de a las que está acustumbrado.

Mucho más allá de condenar este asesinato, el ejecutivo debe entender como prioridad la investigación de su autoría intelectual. Lo peor que puede pasar para la lucha social es que el asesino, aparte de impunidad, consiga su negocio mientras el gobierno federal mira para otro lado.

Este caso será ejemplar. ¿Qué mensaje recibirán los caciques, paramilitares, y todos a quienes les estorban los que luchan por su justicia?: Debe quedar muy claro que esto es intolerable y es responsabilidad del presidente ocuparse de que así sea.

El Proyecto Integral Morelos ha quedado bautizado con sangre.